Por Irene Díaz-Bazán y Félix Amaya | La Visión | 28 junio 2019

ATLANTA.- Lo prometieron y lo hicieron. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Georgia, interpuso una demanda en el Tribunal Federal de Distrito impugnando la prohibición del aborto en Georgia.

Esta decisión fue tomada tras la promulgación de la ley antiaborto el pasado 7 de mayo de este año por el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp.

ACLU había advertido al gobernador que refutarían la medida. “Nos vemos en corte gobernador”, dijeron entonces, mientras cientos de activistas y manifestantes vitoreaban arengas contra Kemp en las escalinatas del Capitolio Estatal de Georgia, en Atlanta.

Durante una conferencia de prensa realizada el mediodía del viernes 28, en las afueras del edificio federal Richard B. Russell en Ted Turner, miembros de ACLU dijeron que presentaron la demanda por tratarse de una medida anticonstitucional.

La querella fue presentada a nombre ACLU de Georgia, el Centro para los Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights) y Planned Parenthood Sudeste y otras organizaciones y clínicas de salud.

Con esta acción, el primer paso que busca ACLU es que la ley sea bloqueada.

Sean J. Youn, director legal de ACLU-GEORGIA, dijo a La Visión que “ahora que hemos presentado esta demanda, presentaremos una moción para una orden preliminar, que básicamente le está pidiendo al juez que bloquee la ley antes de que entre en vigencia en enero del año 2020”, dijo.

“Nunca podría predecir cómo va a dictaminar un tribunal. Puedo decir que cada corte federal que ha escuchado un desafío a este tipo de prohibición (aborto) lo ha bloqueado”, agregó.

Young destacó que actualmente la ley en Georgia sí permite el aborto hasta las 20 semanas.

“En primer lugar, quiero enfatizar que el aborto sigue siendo seguro y legal hasta alrededor de las 20 semanas de embarazo. La HB481 no entrará en vigencia hasta enero de 2020 y haremos todo lo posible para evitar que entre en vigencia antes de enero”.

LA OPOSICIÓN A LA LEY

Andrea Young, directora ejecutiva de ACLU de Georgia, destacó dijo que “los políticos no tienen cabida en estas decisiones personales”, refiriéndose a que cada mujer debe tener el libre albedrío de concebir o interrumpir embarazo.

“La libertad reproductiva implica decisiones privada y personales que una mujer toma con base en su propia fe, su propia familia, y en el consejo de su propio doctor”, agregó.

Por su parte, Mónica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, una de las organizaciones demandantes dijo que se unió a la acción legal para proteger los derechos de las personas marginadas.
“Como organización de justicia reproductiva establecida en Georgia por más de 20 años, el compromiso de SisterSong es el de centrar y difundir las necesidades de aquellas comunidades históricamente marginadas. La tasa de mortalidad materna en Georgia se ubica en el segundo lugar más alto de la nación; las mujeres de color en nuestro estado mueren a una tasa seis veces mayor que el promedio nacional. SisterSong interpuso la demanda con el fin de proteger los derechos reproductivos y de salud materna, de manera que cada individuo-especialmente las personas de color- puedan prosperar en sus familias y comunidades y preservar sus derechos humanos para tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, indicó Simpson.

SisterSong representa a las mujeres indígenas, negras, latinas y asiático-americanas, así como a personas transgénero. Está organizada sobre una gran base y en cuyos miembros se incluye a residentes de Georgia quienes puedan quedar embarazadas y necesiten de la libertad para tomar sus propias decisiones de salud, incluyendo la decisión de terminar el embarazo.

A su turno Kwajelyn J. Jackson, directora ejecutiva del Centro de Salud para las Mujeres Feministas, expresó que la clínica que representa ha proporcionado servicios integrales de salud reproductiva, incluyendo atención en el aborto a los residentes de Georgia durante 43 años.

“Estamos impugnando esta ley anticonstitucional porque estamos comprometidos con el servicio a nuestros pacientes y con la visualización de una Georgia donde la justicia reproductiva sea alcanzada plenamente por todos. Esta clínica permanece abierta”, dijo.

Staci Fox, presidenta y CEO de Planned Parenthood Sudeste, destacó el impacto negativo que ha traído consigo esta medida.

“Esta primavera, los habitantes de Georgia expresaron su oposición al proyecto de ley HB 481 como nunca habíamos visto antes. Como organismo litigante que proporciona atención en el aborto y que defiende los derechos reproductivos, Planned Parenthood se compromete a luchar contra esta peligrosa prohibición en todo momento”, sostuvo.
“Hoy tomamos el siguiente paso; al interponer esta demanda estamos defendiendo los derechos de nuestros pacientes y elevando las voces de incontables ciudadanos de Georgia quienes fueron ignorados en esta sesión legislativa. El aborto es aún seguro, legal y accesible en Georgia y planeamos mantenerlo de esa manera”, agregó.

LA VOZ DE LOS HISPANOS

María del Rosario Palacios, de origen mexicano, miembro de ACLU en Georgia destacó que esta ley atenta contra la salud reproductiva de las mujeres hispanas.

“Yo soy mamá de tres niños y tengo otros dos menores bajo mi tutela. Sé que hay cientos de madres como yo a las que se les estaría negando el derecho de contar con un médico de confianza que te ayude a decir qué es lo mejor para tu salud y para el futuro de tus hijos”, dijo.

LA POSTURA DE KEMP

El desafío legal se produce más de un mes después de que el gobernador republicano Brian Kemp firmó la medida, una medida que fue acogida por los conservadores pero que provocó protestas.

“Debemos proteger la vida en todas las etapas. Debemos recordar nuestra vocación”, dijo Kemp cuando firmó el proyecto de ley. También agradeció a sus simpatizantes republicanos y aliados.

Pero la ley de Georgia también ha provocado el rechazo de la industria de la cinematografía, cuyos representantes llamaron a boicotear al estado. Esto podría causar un fuerte impacto y poner en peligro el próspero negocio de producción del cine e -incluso- la televisión de Georgia.

Compañías de medios de comunicación podrían dejar de producir en Georgia por nueva ley de aborto. El estado de Georgia es uno de por lo menos siete estados que recientemente adoptaron leyes restrictivas sobre el aborto, incluidas Louisiana, Kentucky, Ohio, Mississippi, Missouri y Alabama.