Quitan de la boleta electoral a candidata latina de Gainesville

Palacios, es una demócrata, que se postuló para representante estatal en el Distrito 29, un distrito que tiene un 60% de personas de color con un 43% de población hispana.

La demografía del distrito 29 no miente, las minorías son la mayoría en su territorio.

Debido a que Palacios es la única candidata en las primarias demócratas y no se permite el ingreso de candidatos por escrito en las elecciones primarias, obligarla a no estar en la boleta garantiza que no hay oposición demócrata en las elecciones generales de noviembre, por ello la urgencia de la demanda, a la que, al cierre de esta edición, no habían contestado aún los jueces.

María es una madre de familia de 3 pequeños y es una activista reconocida en su comunidad.

La constitución de Georgia exige que los candidatos a la legislatura estatal sean “ciudadanos del estado” durante dos años antes de ser elegidos para el cargo. ACLU de Georgia argumentó ante el Secretario de Estado que Palacios cumple con la definición de “ciudadano del estado” porque ha residido en Georgia desde 2009.

“Durante siglos, los tribunales de todo el país han reconocido que ‘ciudadano de un estado’ significa alguien que es residente o domiciliario de ese estado. La Constitución de Georgia exige que los candidatos a la Cámara de Representantes del Estado sean ciudadanos del estado por al menos dos años en el momento de la elección “, declaró la ACLU de Georgia en su presentación ante el Tribunal Superior.

“Maria Palacios ha sido indiscutiblemente residente y domiciliaria del estado de Georgia desde 2009, [por lo tanto] ella cumple con ese requisito legal”.

El Secretario de Estado, por otro lado, ha afirmado sin citar ninguna autoridad judicial que Palacios no cumple con la calificación constitucional porque se convirtió en ciudadana estadounidense el año pasado.

Sin embargo, como argumento, los tribunales de todo el país han sostenido durante mucho tiempo que no se requiere que un ciudadano estadounidense sea ciudadana de un estado.

“La Constitución de Georgia permite a los residentes de Georgia desde hace mucho tiempo que se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos servir honorablemente a sus comunidades como líderes electos, independientemente de su afiliación partidaria o su origen nacional”, declaró Sean J. Young, Director Legal de la ACLU de Georgia.

“El Secretario de Estado debe mantener la visión inclusiva de la democracia de la Constitución de Georgia, en lugar de socavarla con un razonamiento jurídico profundamente defectuoso”.

ACLU de Georgia solicitó al tribunal que revocara la decisión del Secretario de Estado y colocara a la señora Palacios en la boleta de elección general del 6 de noviembre de 2018 como candidata demócrata para el Distrito 29.

No habían transcurrido sino unos momentos desde que Palacios se inscribiera para ser candidata, cuando en uno de los elevadores del mismo capitolio estatal, alguien ya planeaba la forma en que la combatirían: Su lado de inmigrante y ciudadana naturalizada.

“Un par de semanas después, el Secretario de Estado le envió a María una carta en la que le decía que un residente local, vinculado al partido político contrario, quería que fuera descalificada porque solo se había convertido en ciudadana el año anterior”

María ha vivido en Gainesville, continuamente desde 1994 y se convirtió en residente legal permanente en el otoño de 2009.

“Se que por todo el tiempo que yo he vivido ahí, la representación no ha reflejado a nuestra comunidad, nuestra comunidad es muy diversa, nosotros hemos existido ahí, por más de 20 años”, dijo la afectada a nuestro socio editorial Univisión 34 Atlanta.

“Creo que el tiempo de nosotros llegó ayer, por eso creo que este año las elecciones son muy importantes”, afirmó.

“Brian Kemp está en su carrera para gobernador y es súper súper anti inmigrante”, dijo Chris Perlera un ex funcionario de la secretaria de estado de Georgia, quien trabajó bajo las órdenes de Kemp.

“A él no le gustaría si una persona llega y dice, por qué tú no hiciste algo a cerca de esta persona que recién se ha hecho ciudadana, tratando de quitarnos nuestra ciudad, nuestro estado, lo que sea, y uno se puede imaginar que una persona de derecha lo ataque sino tomara esta decisión”

Pero ese no es el único problema legal que enfrenta María, pues según trascendió “En febrero de este año, María se reunió a petición repentina de un ex empleador para discutir un asunto importante que ella asumió era una solicitud de alcance comunitario. Ella supo que estaba siendo acusada de un posible problema legal.

En marzo, ella reunió suficiente dinero para el pago inicial de un abogado (pensando en medidas de precaución) y recibió la visita de la policía dos días después. Cuatro funcionarios fueron a su casa con órdenes para catear sus computadoras. Dos eran agentes del servicio secreto, uno era funcionario del condado y el otro era un funcionario de su empleador anterior”.

De acuerdo a quienes conocen del caso, la evidencia presentada en su contra está en cinco hojas de papel de su antiguo empleador.

Hace un par de semanas, Palacios se presentó a las autoridades del condado de Lumpkin donde fue arrestada y tras permanecer 34 horas en prisión salió libre tras pagar una fianza de $ 5,200 tras ser acusada por el cargo de de invasión a la privacidad de un computador.